La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó trasladar el proceso contra los exgerentes de Pdvsa Gas Comunal, acusados de corrupción, del estado Aragua a la ciudad de Caracas.
Con ponencia del magistrado Maikel Moreno, quien funge como presidente del TSJ oficialista, el alto tribunal aprobó trasladar el proceso a la capital venezolana, una solicitud que hizo el Ministerio Público.
De acuerdo con la Sala Penal, los soportes consignados por la Fiscalía demuestran la existencia de un obstáculo ostensible para el adecuado desenvolvimiento del juicio en el circuito judicial penal donde actualmente se desarrolla.
El expresidente de Pdvsa Gas Comunal, Jacob Rafael Grey Varela, fue acusado por el Ministerio Público. También, a los exdirectivos de esta empresa estatal Yhoandry José Guevara Álvarez, Oriana Alejandra Betancourt Corales y Eder Alexis Dugarte.
El proceso también se sigue contra Adán Felipe Contreras Freite, propietario del galpón Maracay Gas 2020 en el estado Aragua. En ese lugar la Fiscalía corroboró que vendían el gas doméstico a precios dolarizados.
A los exfuncionarios públicos y al empresario los acusaron de corrupción propia, especulación, boicot y desestabilización a la economía, ante el Tribunal Séptimo de Control del estado Aragua. Ahí se llevaba el caso hasta la decisión de la Sala Penal.
Según el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab; Grey Varela también participó en un esquema de reventa de las cisternas de gas doméstico en Mérida. Acto que ejecutó con la ayuda de la exdirectora de articulación institucional y política de la presidencia de la empresa, Catherine María Esté Rodríguez. A las comercializadoras les cobraban hasta 1.000 dólares por cada cisterna de gas doméstico, para que ellas revendieran el producto también en divisa estadounidense.
Otros delitos que se le imputan a exgerentes de Pdvsa Gas
Otros delitos que le imputaron a Esté Rodríguez y Grey Valera son corrupción propia agravada, peculado de uso. Además de concierto de funcionario con contratista, usurpación de funciones y asociación para delinquir. Entre la crisis generalizada de los servicios públicos en Venezuela, el gas doméstico es uno de los que más escasea en el país.