Argentina se retiró de la demanda que varios países presentaron en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que generó polémica este jueves entre el Gobierno de Alberto Fernández y la oposición.
Si bien la decisión del Ejecutivo argentino de desvincularse de esa solicitud judicial se remonta a marzo pasado, cuando salió del Grupo de Lima, el hecho trascendió ahora. El 24 de marzo comunicaron oficialmente su salida del Grupo de Lima; como consecuencia de eso, el 25 de marzo retiraron su denuncia porque ya no pertenecen a él.
En septiembre de 2018, los Gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, entonces presidida por el conservador Mauricio Macri (2015-2019), solicitaron a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.
La misiva iba acompañada de dos informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentaban procesos extrajudiciales. Así como torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales.
Todos esos países integraban con otros seis más el Grupo de Lima, del que Argentina, ya con el peronista Alberto Fernández como presidente, decidió salir. Ésto, hace dos meses al considerar que las acciones que el grupo impulsaba en el plano internacional; que buscan aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representante, no han conducido a nada.
Al día siguiente, el Ejecutivo argentino, cuya vicepresidenta, Cristina Fernández, tuvo una relación con el chavismo cuando fue presidenta (2007-2015), envió a la CPI una carta en la que formalizaba su retirada del apoyo a la investigación. Remarcaron que independientemente de que Argentina desista de apoyar la demanda, la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional seguirá su curso.
Reacción después de retirarse de la demanda ante Corte Penal Internacional
Una vez trascendió la decisión del Gobierno de Fernández, empezaron a verse las reacciones. Tanto de la esfera política nacional como de Elisa Trotta, representante en Argentina del opositor venezolano Juan Guaidó; reconocido como presidente encargado del país durante el mandato de Macri.
Ella lamentó esta decisión del Gobierno argentino. Aseguró que lejos de defender la justicia y los derechos humanos de miles de víctimas venezolanas; beneficia a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, de manera probada y documentada.
Agregó que los asesinatos, las desapariciones forzadas, las persecuciones y amenazas, la represión desmedida, han sido y son un hecho en Venezuela. Afirmó que los responsables están plenamente identificados, y la cabeza de todos ellos es quien hoy usurpa el poder, identificándolo como Nicolás Maduro.
Trotta ya había sido crítica con el Gobierno peronista cuando Fernández; que volvió a reconocer a Maduro como presidente tras llegar al poder en Argentina en 2019. Afirmó el 18 de mayo pasado que poco a poco el “problema” de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo.
