El líder opositor Juan Guaidó calificó como una “simulación de justicia”, la sentencia de los presuntos homicidas del capitán Rafael Acosta Arévalo. También mencionó que la condena de 30 años de prisión del teniente Ascanio Antonio Tarascio, junto al sargento Estiben Zárate Soto, no es justicia y “eso lo sabe la Corte Penal Internacional”.
Según sus palabras a Acosta Arévalo lo secuestraron, privaron ilegítimamente de su libertad y su familia. Adicionó que lo “torturaron hasta la muerte”. De acuerdo a su perspectiva, lo presentaron en silla de ruedas en un tribunal militar para enviar el mensaje a la Fuerza Armada.
El también reconocido como presidente interino de Venezuela se refirió a los casos de crímenes de lesa humanidad como el de Fernándo Albán y Juan Pablo Pernalete, donde alegó que siempre mintieron en tales hecho.
Por último, resaltó que los “ejecutores deben entender quienes les dan órdenes los señalarán. No repetición, reparación y justicia solo son posibles con independencia de poderes”. Los funcionarios sentenciados eran adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Recibieron la sentencia del Tribunal 12 de Juicio.
Los culparon de homicidio calificado y torturas según información ofrecida por el abogado de la familia de Acosta Arévalo, Alonso Medina. Cabe destacar que el capitán Acosta Arévalo fue detenido en el 2019 y acusado de ser golpista por la administración de Nicolás Maduro. La defensa alegó que era torturado por los agentes de la Dgcim.
Medina describió en su momento, que el juicio oral terminó pasadas las 5:00 pm y posteriormente se tomó la decisión. Esperaban que el 5 de noviembre de 2021 se determinaran las responsabilidades sobre el caso y se aplicara la justicia. Pero en ese momento la audiencia se suspendió.
Delsa Solórzano: Continuidad del gobierno de Guaidó es constitucional
Por otro lado, en diciembre, la opositora de Venezuela Delsa Solórzano aseguró que la continuidad de la presidencia interina de Juan Guaidó es constitucional y que no debe condicionarse a conveniencias partidistas. Ella sostuvo que hay sectores contrarios al chavismo que pretenden que los exdiputados violen la Constitución.
Aseguró que lo hacen asumiendo poderes que solo corresponden al Ejecutivo. Afirmó que «la continuidad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y de la presidencia de Guaidó es constitucional, ello no puede condicionarse a las conveniencias partidistas de ningún grupo».
El 23 de enero de 2019, Guaidó se proclamó presidente interino en Caracas ante miles de simpatizantes, basándose en una interpretación de la Constitución. Incluso, consiguiendo el apoyo de países como Canadá, Colombia, Estados Unidos y algunas naciones europeas. El objetivo de dicha presidencia era lograr elecciones presidenciales libres, al considerar que en los comicios donde se reeligió Nicolás Maduro en 2018 fueron ilegítimas. Sin embargo, hasta la fecha ese cometido no se ha cumplido.
Con el respaldo de Estados Unidos y Colombia, Guaidó ha pasado a administrar empresas del Estado. Estas se encuentran en dichas naciones como Monómeros Colombo Venezolanos S.A y Citgo. El opositor venezolano Enrique Sánchez Falcón propuso el viernes que el bloque antichavista reforme su Estatuto de Transición. Eso para que Juan Guaidó ejerza la presidencia interina con menos controles de los exdiputados de la AN.
Falcón sugirió que se extiendan las funciones del gobierno interino pero con separación de poderes entre el gobierno encargado y los exdiputados. Por su parte, el exdiputado Julio Borges, quien ejerció como comisionado de relaciones exteriores de Guaidó, sostuvo el pasado 5 de diciembre que la figura de gobierno interino debe desaparecer completamente. Argumentó que su objetivo se ha deformado.