Organización internacional acusó a fuerzas de seguridad venezolanas de ejecuciones en Apure

Human Rights Watch (HRW) acusó este lunes a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros abusos aberrantes, como lo calificaron. Ésto contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.

La organización enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el gobierno de Nicolás Maduro contra grupos irregulares en ese estado, y pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.

En un informe, HRW aseguró que el operativo venezolano derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco dijo que las llamadas atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro.

El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares; que las autoridades venezolanas no han identificado aún. Pero, que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC.

El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6 mil venezolanos hacia Colombia, según datos de Fundaredes. La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve supuestos terroristas fallecidos, así como más de cuarenta detenidos.

HRW alega en su informe que muchos de los detenidos no eran miembros de grupos armados, sino de la población local. Lo aseguran después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de a treinta abogados, peritos forenses; líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.

Identificaron como funcionarios de seguridad nacionales a los responsables de las ejecuciones en Apure

Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB; a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro.

Las citadas ejecuciones afectaron a cuatro campesinos de una misma familia. A ellos las FAES se los llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe. Sus cuerpos se encontraron a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que se movieron; que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos las pudieron colocar ahí intencionalmente.

Emir Remolina, de 26 años de edad, reconoció los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su tío; y al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las víctimas no eran guerrilleros. Por el contrario, eran lugareños que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años.

En La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, de acuerdo a sus datos, los agentes venezolanos ingresaron por la fuerza en varias viviendas. Ésto sin una orden de allanamiento, y detuvieron a sus residentes, en su mayoría campesinos. Detallaron que los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con asesinarlos.

Finalmente, en el informe aseguraron que dos detenidos, posteriormente liberados, confirmaron que estuvieron retenidos en instalaciones militares. Asimismo, que los abusos también incluyeron saqueos en sus viviendas y la supuesta destrucción de efectos personales, comida y enseres del hogar. HRW acusa al gobierno de Maduro de ejecutar civiles en Apure.