Durante la sesión número 47 del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet destacó que el espacio cívico en Venezuela se reduce cada vez más. Gracias a los casos de estigmatización, criminalización y amenazas contra miembros de la sociedad civil, medios de comunicación y de la oposición política.
Mencionó el reciente arresto arbitrario de tres miembros de la ONG FundaREDES y lo calificó un ejemplo preocupante de las restricciones que sigue imponiendo el Estado a la población.
De acuerdo al más reciente informe de la oficina del Consejo de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que los incidentes de estigmatización y criminalización relacionados con personas defensoras de derechos humanos, en su mayoría, son acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica.
De igual manera, pidió a las autoridades investigar la fiscalización de las actividades de la sociedad civil y vinculación de la misma con delitos.
Según el informe, entre junio de 2020 y abril de este año hubo dos muertes, seis actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas. Todos relacionados con defensores de derechos humanos o en relación a su ejercicio, como periodistas, líderes sindicales, activistas y ONG.
Presenting a report at #HRC47, the UN High Commissioner for Human Rights @mbachelet reported a catalogue of ongoing human rights violations in #Venezuela.
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) July 5, 2021
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CPI rechazó solicitud de Tarek William Saab sobre caso de Derechos Humanos en Venezuela
Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por Guaidó, comunicó que la CPI rechazó la solicitud del fiscal del gobierno de Maduro, WIlliam Saab. En dicha petición precisaba casos de sanción a violaciones de derechos humanos, por lo que el procedimiento continúa en manos de la CPI.
Además, destacaron que el fiscal Karim Asad Ahmad Khan es el nuevo encargado de tomar la decisión de la CPI en este caso. La oposición espera que se proceda con la investigación.
Por otra parte, la comisión de Prado envió un informe a la fiscalía con el documento de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Esperan que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas lo lea. En el escrito detallan la falta de dependencia y autonomía del poder judicial en Venezuela.
