Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por Juan Guaidó, comunicó que la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la solicitud del fiscal del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek WIlliam Saab. En dicha petición precisaba casos de sanción a violaciones de derechos humanos, por lo que el procedimiento continúa en manos de la CPI.
Además, destacaron que el fiscal Karim Asad Ahmad Khan es el nuevo encargado de tomar la decisión de la CPI en este caso. La oposición espera que se proceda con la investigación.
Por otra parte, la comisión de Prado envió un nuevo informe a la fiscalía con el nuevo documento de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Esperan que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas lo lea. En el escrito detallan la falta de dependencia y autonomía del poder judicial en Venezuela.
#CPI ¿Qué está pasando a partir de la importante decisión del viernes 2 de julio? 🧵(con lo más esencial) 🔽:
— Simón Gómez Guaimara (@simongomezg) July 5, 2021
Desde febrero de 2018 la CPI comenzó a estudiar presuntos casos de violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, abusos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles ocurridas a partir de abril de 2017.
MP entregó a Corte Penal Internacional nuevo informe sobre DDHH
Apenas el pasado 15 de junio, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público que dirige entregó a la CPI un cuarto informe que actualiza casos de sanciones ante violaciones de derechos humanos registradas en Venezuela a partir del año 2017.
Detalló que el MP entregó un informe de ampliación sobre actuaciones judiciales en el marco de lo requerido por la Fiscalía de la CPI. Eso, en un escrito fechado el 2 de octubre de 2020.
En el comunicado donde dan a conocer esa información, piden al organismo internacional mantener un diálogo constructivo con Venezuela. Eso en el marco del principio de complementariedad durante el examen preliminar.
Por último, agregan que esta colaboración ha sido reclamada desde el comienzo por el país; aseguran que desde la Corte Penal Internacional destacan “la incuestionable colaboración de Venezuela con la Fiscalía”.
