Comunidades indígenas del municipio Atabapo del estado Amazonas rechazaron el asesinato del profesor José Dacosta y del menor Luis Charlot Cariban de 17 años perteneciente a la etnia Jiwi. Así lo informó la ONG FundaRedes.
Según los datos, estas dos personas fueron torturadas y asesinadas. Ésto actos fueron realizados por grupos guerrilleros que operan en las minas ubicadas en el Parque Nacional Cerro Yapacana. Las comunidades afirman que esto ocurre muy seguido en las minas. Los pobladores rechazaron la presencia de los grupos armados irregules FARC y ELN en sus territorios ancestrales; afirman que son éstos quienes asesinan a los ciudadanos.
Varias comunidades indígenas se han reunido con autoridades del Estado para que desalojen a los grupos armados irregules. Ellos han denunciado que mantienen sus operaciones criminales en esta entidad, pero no han tenido respuesta.
Por su parte, la comunidad Caño Guama del municipio Autana, parroquia Guayapo, alertaron que fueron amenazados por grupos irregules con quemar sus viviendas si no los dejaban trabajar la minería ilegal.
Denuncian que asesinaron en Amazonas al profesor José Dacosta y a Luis Charlot Cariban de 17 años perteneciente a la etnia Jiwi, víctimas de grupos armados irregulares, indígenas del municipio Atabapo rechazan la presencia de Guerrilla FARC y ELN. pic.twitter.com/LrjZ0RdGIV
— Lic. Roberto Altuve (@Roberto_Altuve) April 10, 2021
Informe de Curva de violencia de FundaRedes
Un total de 306 homicidios, 77 personas desaparecidas y 113 enfrentamientos armados ocurrieron durante el primer trimestre del 2021 en los estados Zulia; Falcón, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas registrado en el informe de la Curva de la Violencia de FundaRedes. Así lo precisó Clara Ramírez, gerente de documentación y derechos humanos de la organización, cifras que evidencian el alarmante incremento de la criminalidad.
Frente a las instalaciones del Ministerio Público en el estado Táchira, Ramírez denunció lo que refiere a la violencia en los estados monitoreados diariamente por FundaRedes. “Lamentablemente el panorama en los estados fronterizos es igual de preocupante que en el 2020 aún cuando nos mantenemos en semanas de cuarentena radical, la protección no existe”.
Recordó que el estado Zulia registró 146 homicidios y se mantiene como el más violento del país, seguido por Bolívar con 56 víctimas; 40 en Táchira, 35 en Falcón, 23 en Apure y 6 amazonas.
El informe trimestral de la Curva de la Violencia señala que los enfrentamientos siguen siendo las causas de fallecimiento de personas en los estados fronterizos. Según el estudio se debe al accionar violento de los organismos de seguridad del estado venezolano, bandas criminales y grupos armados irregulares. Para la ONG, muchos casos son disfrazados como procedimientos legales pero que en realidad corresponden a ejecuciones extrajudiciales.
Al dar a conocer los casos de violencia en seis estados la gerente de FundaRedes declaró que los venezolanos que no pueden migrar a tierras extranjeras. Para ella, tienen un desplazamiento interno hacia zonas fronterizas, especialmente a los estados Zulia, Táchira y Bolívar. Pero, muchos de ellos son víctimas de desapariciones a manos de grupos armados irregulares que los someten a trabajos forzosos.
Desde FundaRedes alertaron la situación de violencia
Desde FundaRedes alertaron que la situación de violencia va a incrementar en los próximos meses. La razón es porque cerrando el mes de marzo fueron testigos de cómo el conflicto armado generado en Apure puede profundizarse y trasladarse a otros estados fronterizos. En esas zonas supuestamente la presencia de grupos armados irregulares es marcada y que Ramírez afirmó que lo denunciaron desde la organización.
Frente a estos datos calificó como alarmantes las cifras de violencia presentadas en estos territorios. “Es preocupante que los acontecimientos del estado Apure han dejado incluso funcionarios de los cuerpos de seguridad fallecidos, debido a las minas antipersonales que instalan los grupos criminales”.
Una vez más FundaRedes exigió al Estado venezolano actuar bajo el cumplimiento de las leyes. Ésto con el fin de detener la criminalidad que mantiene amenazada y en riesgo a la población.
