Un video publicado por la periodista Sebastiana Barráez da muestra del rescate de los cuerpos de los militares, ya en estado de descomposición. Supuestamente, luego de que la guerrilla “prestó la colaboración” para que los sacaran del lugar donde quedaron los cadáveres, en Apure.
Los militares no fueron torturados, sus cuerpos no estaban mutilados. Según la periodista es falsa la versión de que les habían sacado los ojos y la lengua. Tampoco fueron enviados por la guerrilla en bolsas plásticas.
Asimismo contó que miembros de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-Gentil Duarte) contactaron al sacerdote de La Victoria, Luis Roa, para permitirles el acceso a la zona donde se encontraban, en trincheras y al aire libre, los cadáveres descompuestos de los militares asesinados; el párroco llegó al lugar para el rescate de los cadáveres, que subieron a un camión de transporte de ganado y trasladados a Guasdualito.
Barráez continúa detallando que uno de los guerrilleros, con un radio portátil en la mano, va señalando dónde están los cadáveres para que sean recogidos y llevados al camión. “Vea aquí tiene dos”, oyó decir la profesional de la comunicación, mientras camina hasta el siguiente cuerpo. Uno a uno se devela la dantesca imagen de los cuerpos.
En la lista no oficial de los asesinados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) proporcionada por Infobae destaca la muerte de por lo menos nueve militares, uno de ellos no identificado aún
Entre la lista de asesinados
Cuatro de la Armada venezolana: TF. (ARB) Naiwil José Torres Moreno, S1 (ARB) Álvaro Rafael Mariño Ostos, S2 (ARB) Michael Miguel Medina Sequera y S1 (ARB) Luis David Lira Negrón. Y cuatro del Ejército: SM2 (EJB) Wilmer De Jesús Ferrobús Garabito, SM1 (EJB) Ronal José Marcano Castillo; SM2 (EJB) Andy José Miranda y SM1 (EJB) Santiago Del Jesús Reyes Farfán.
Sebastiana Barráez describió que un grito de alegría se oyó entre los uniformados de la Base de Protección Fronteriza La Charca Cap (F) Gilbert Gil Terán. La razón fue la llegada de tres de los soldados desaparecidos: TF Samuel Infante Ruiz plaza de la Brigada Comando del Mar; a la que también pertenece el Sm3 Jairo Javier Pérez López y el SM2 Andrés Julián Marvares Altamirano, quien es plaza del 992 BAFE. Ellos son parte del grupo que realizaba patrullaje en el sector Tres Esquinas, estado Apure.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) acusó este mismo mes a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles. De la misma forma, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros abusos aberrantes, como lo calificaron. Ésto contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
La organización enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el gobierno de Nicolás Maduro contra grupos irregulares en ese estado; pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.
En un informe, HRW aseguró que el operativo venezolano derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos. Así como detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados.
Actos cometidos contra residentes de Apure no son incidentes aislados
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco dijo que las llamadas atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados. Sino, que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro.
El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares; que las autoridades venezolanas no han identificado aún. Pero, que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC.
El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6 mil venezolanos hacia Colombia, según datos de Fundaredes. La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve supuestos terroristas fallecidos, así como más de cuarenta detenidos.
HRW alegó en su informe que muchos de los detenidos no eran miembros de grupos armados, sino de la población local. Lo aseguran después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de a treinta abogados, peritos forenses; líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
